Comisión de Hacienda despacha proyecto de Reforma Tributaria con integración

Este lunes se aprobaron los nuevos articulados referentes a las modificaciones al impuesto verde y al Defensor del Contribuyente.


21 de agosto de 2019

Casi un año tardó el proyecto de Modernización Tributaria de salir de su primer paso en el trámite legislativo y hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados finalmente lo despachó a la Sala donde se espera sea votado entre miércoles y jueves, para seguir su camino hacia el Senado.

En términos generales se aprobó lo medular de la iniciativa como era eliminar el sistema tributario vigente hoy desde 2014, y volver a un sistema integrado en que el Impuesto a la Renta se transforma en crédito, en un 100% a la hora de pagar el impuesto personal o Global Complementario.

Si bien hay algunos temas propuestos por el Ejecutivo como los cambios a la norma antielusión que no lograron apoyo, sí se aprobó en este paso el cobro del IVA a los servicios digitales, la depreciación instantánea a partir de este año, un régimen de tributación especial Pro pyme, elevar la exención del pago del IVA a las construcciones de hasta 3000 UF, entre otros temas.

Cabe consignar que si bien en un primer momento se anticipaba como complejo el éxito de estas materias, a mediados del semestre el Gobierno logró un acuerdo con la DC que le posibilitó contar con los votos dirimentes e inclinar la balanza. A cambio el Ejecutivo concedió una rebaja a las contribuciones de los adultos mayores y el pago de un impuesto territorial, a beneficio de las regiones, equivalente a 1% por proyectos de inversión sobre US$10 millones, entre otros.

En tanto en la jornada de ayer entre otros temas los parlamentarios votaron el articulado que crea el Defensor del Contribuyente y el que modifica el gravamen sobre las emisiones de CO2 y material particulado, más conocido como impuestos verdes.

Respecto de este último se aprobaron casi todas las modificaciones incluidas por el gobierno la semana pasada, estableciendo algunas diferencias con el proyecto actual como por ejemplo, que se gravaran las emisiones que se generan y no la capacidad instalada; que empezará a regir en 2025 para permitir que las empresas puedan cambiar su tecnología; que podrán compensar las emisiones con la reducción de similar contaminante en otro lugar.

“En este impuesto se aplica el principio de gradualidad para promover la inversión. El objetivo es establecer un impuesto de forma tal que debiese dar un incentivo a las fuentes gravadas para reducir las emisiones y, que al final no paguen impuestos. Por eso se da ese espacio de tiempo”, explicó el subsecretario de Medio Ambiente Felipe Riesco.

Asimismo manifestó que con este nuevo articulado se propone una fórmula más eficiente que gravará el 95 de emisiones CO2, y un 84% de las de material particulado.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín indicó que los sectores más afectados por este impuesto serán “la siderurgia, el cementero y el minero por fundiciones. Aquí nadie se favorece sino que se amplía el espectro, aquí no hay nadie a quien se le reduce el impuesto. El objetivo principal no es de recaudación, sino que de colocar los incentivos para que las empresas puedan ahorrar en emisiones o emitir menos”.

No obstante el amplio apoyo, algunos normas se rechazaron como aquella que señalaba que la emisión de contaminantes se mediría por “fuente o establecimiento”, por lo que quedará para los próximos trámites dirimir cómo se calculará el gravamen.

Además se aprobó –previa votación de admisibilidad- una propuesta de los diputados Pepe Auth y Marcelo Schilling (PS) en el sentido de limitar las compensaciones que pueda realizar una empresa a “la comuna o zonas aledañas”, para que el impacto positivo lo perciba la misma comunidad.

Hubo otros temas bien debatidos como si se podría sugerir un tipo de compensación como invertir en mantener un bosque nativo en vez de aceptar cualquier medida como el autocultivo en una zona con sequía, que fue el alegato del diputado Giorgio Jackson (FA). También expresó su preocupación por el bajo costo (US$5) de la emisión de tonelada carbono y por la extensión del plazo para comenzar con el impuesto de 2020 a 2025 (lo que formó parte del acuerdo con la DC).

Fuente: La Tercera